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¡EFATA!

Publicado: 2023-01-22

Dina Boluarte debe renunciar a fin de que haya nuevas elecciones.

Hay buenas razones para defender este reclamo, pero hay que hacer el esfuerzo por identificar esas buenas razones, las cuales deben respetar las reglas del juego democrático. El posicionamiento que adoptemos debe excluir las narrativas antidemocráticas, las cuales se encuentran tanto en las autoridades del Estado (Ejecutivo y Legislativo) como en algunos sectores de la población. Decir que la presidenta debe renunciar tiene una base democrática. Esto es lo que defiendo aquí, en especial frente a la clase social a la que pertenezco (la clase media limeña).

Hay que hilar fino, pues, para no caer en las absurdas dicotomías de “izquierda vs. derecha”, “Lima vs provincias”, “sabios vs ignorantes”, “policías vs terrucos” porque no reflejan la realidad y solo recrudecen el círculo de la violencia. La realidad es que todxs convivimos bajo una misma democracia, todxs somos ciudadanos de un mismo país y todxs poseemos intereses que se supone deberían articularse en un “bien común” o “interés general”. Tampoco hay que ser demasiado plano en esta identificación de buenas razones: se debe ser más duro con el Estado que con la población, pues el que tiene más poder siempre tendrá más responsabilidad.

Empecemos con el Estado. El discurso de Dina Boluarte no refleja ninguna autocrítica respecto de las matanzas. Esa ya es una razón para exigir la renuncia de cualquier gobernante que se precie de respetar los derechos humanos en una democracia. En ningún país con una democracia estable estos actos hubieran hecho permanecer al Ejecutivo. Pero vayamos más allá. Boluarte dijo algo con lo que aún muchos limeños se muestran de acuerdo: los manifestantes son gente que por la fuerza quieren derrocar al gobierno sin razón alguna y sin respetar el Estado de Derecho. Esto no es verdad. En primer lugar, hay que objetar la idea de que las marchas son violentas. Ha habido violencia, pero esta no puede achacarse a todos, ni siquiera a la mitad de los manifestantes. Además, si lo que se teme es la violencia, las acciones del Ejecutivo solo parecen incitarla. ¿Dónde están esas mesas de diálogo?, ¿Dónde están los esfuerzos por identificar a los líderes y notificarlos para reunirse con ellos? En segundo lugar, se aduce que los manifestantes exigen las cosas por la fuerza. Una protesta para PEDIR la renuncia de la Presidenta no es un acto de violencia, sino un ejercicio legítimo de la libertad de expresión y un acto de poder válido y permisible dentro de las reglas del juego democrático. Además, pone la decisión en la manos del propio Ejecutivo. En tercer lugar, se aduce que no existen razones para pedir dicha renuncia. Aquí se evidencia la ceguera moral de las autoridades de turno. Ejecutivo y Legislativo si bien han pretendido enmarcarse en las reglas del juego democrático lo han hecho abusando del derecho: utilizando los causes legales (por no decir “leguleyadas constitucionales”) para socavarse el uno al otro y satisfacer sus propios intereses. Esa es la historia del último lustro. La ceguera también deja de lado un reclamo histórico: mientras la clase política se dedicó al juego de tronos, los pueblos permanecen olvidados. Por ello, la incapacidad de la clase política para gobernar democráticamente en los últimos años realmente justifica un reclamo popular que diga ¡Basta ya! Ese reclamo se condensa en las marchas de hoy. Puesto que la incapacidad moral de la clase política es tal que no generará ninguna enmienda, es necesario que el poder de la movilización social se lo recuerde. Si la vacancia de Pedro Castillo gatilló ese reclamo, eso es lo de menos (ya nadie se acuerda de Pedro Castillo!), pues el reclamo mismo no deja de ser cierto.

Por tanto, protestar para que Boluarte renuncie y haya nuevas elecciones es un reclamo democrático. El limeño de clase media y alta, a quien las crisis políticas no afectan porque tiene una ducha caliente, servicios disponibles a cualquier hora y Netflix para distraerse por las noches no comprenderá fácilmente la urgencia del reclamo. Pero debe empezar a hacerlo no solo por una cuestión ética sino también práctica: es más fácil y menos costoso que la presidenta renuncie a que el pueblo deje de protestar.

Pasemos ahora a las narrativas antidemocráticas en la población. Ya hemos hablado de lo condenable de la violencia en las manifestaciones, pero hay que hacer hincapié en los discursos. El reclamo no puede convertirse en un golpe popular que saque a los gobernantes de turno por la fuerza porque eso no respetaría el Estado de Derecho. Tampoco puede ser el cierre del congreso sin que existan causales legales que lo justifiquen. Tampoco una asamblea constituyente impuesta con la violencia y, si es que esta se conforma, debe debatirse tomando en cuenta la pluralidad de las fuerzas políticas (y no todas están de acuerdo en volver a la Constitución del 79).

Hay que discernir el momento histórico que estamos viviendo, visibilizado agudamente por la negligencia de la clase política actual. La clase media y alta limeña puede reconocer este momento si se despoja de los prejuicios ideológicos y de clase que el propio Ejecutivo viene enarbolando. Nuevamente el compromiso con la democracia supone salir del juego del “blanco o negro” al que la política nos tiene acostumbrados. De corazón lo digo, porque creo en los milagros: "Que Dios nos ilumine y sean abiertos nuestros ojos".


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El Eremita

Blog sobre religión, para una reforma de lo religioso en contextos plurales y secularizados