La lógica de la persecución utilizada por políticos evangélicos como Muñante es antiética e inconsistente. Esto por varias razones.

Primero, no se puede llamar persecución cuando las autoridades han aplicado algo que ha estado regulado por la ley durante años (artículo 188 de la LOE). Segundo, porque la ley coloca restricciones a la religión en elecciones por seguir fines constitucionales: a) imparcialidad, de modo que ningún partido obtenga ventaja usando la religión, b) protección de la libertad de conciencia, evitando que la religión sea instrumentalizada para manipular, presionar o controlar el voto, c) la laicidad del Estado, evitando la futura vinculación entre iglesias y el poder político. Tercero, porque las restricciones pueden tener sentido si lo que se quiere es evitar la polarización de la sociedad en materia religiosa. Cuarto, porque instrumentaliza el miedo: la “lógica de la persecución” es una estrategia retórica para que más creyentes respalden a ciertos partidos bajo el temor de tener su identidad cristiana amenazada (cuando no es así).

Sin embargo, y esta es una opinión impopular, creo que permitir el discurso religioso en época de elecciones puede ser una ganancia para el bien común si la ley establece límites claros. Hay varias razones para ello. Primero, hay una cuestión de principio acerca del uso del lenguaje en una democracia. ¿Existe un discurso privilegiado?, ¿las minorías (pueblos indígenas, personas de distintas confesiones, espiritualidades diversas, feminismos, etc.) deben asumir la carga de “traducir” sus discursos según los estándares racionales de la modernidad? Creo que no (y aquí estoy del lado de Taylor más que de Habermas) porque la democracia implica reconocer que todos los discursos tienen el mismo valor. Hay que ver la cuestión más allá de “lo religioso” porque lo que está de por medio es una cuestión identitaria.

Segundo, porque contrariamente al temor de muchos, pienso que las versiones fundamentalistas de la religión pueden combatirse mejor una vez que estas se muestren tal como son (como ancladas exclusivamente en el dogma y no en otras disciplinas y saberes, o en la empatía hacia los “otros”). Hablar de Dios mientras se sostiene una “batalla cultural” contra el que piensa distinto nunca será visto como un acto consistente con la religión del amor, de modo que este tipo de discursos llevan dentro de sí la semilla de su propia impopularidad (si bien este tipo de lecturas nunca desaparecerá). Además, y más importante aún, los discursos religiosos basados en el dogma son populares porque nunca son discutidos, ni sometidos a crítica desde que se originan en sus bases (colectivos e iglesias). Su exposición pública les fuerza a debatir con argumentos extrabíblicos lo que no es su fuerte, pero también permite el debate teológico. La relevancia pública de la teología es algo que suele subestimarse. Sin embargo, si asumiéramos que la forma de interpretar la Biblia, los cruces entre ciencia y religión, la articulación entre fe y democracia, son temas tan públicos y cotidianos como la seguridad nacional o el alza del dolar, la religión no debería asustarnos tanto.

Tercero, porque la apertura implicará dar voz a los discursos religiosos alternativos al fundamentalismo, lo que incluye narrativas que articulen mejor cristianismo y democracia. Si bien puede ser un disgusto “hablar de religión”, lo cierto es que esta es un asunto inevitable porque en sociedades como la nuestra forma parte de la vida cotidiana de la gente. La religión en la política es inevitable porque muchos de los ciudadanos que entran en política son personas religiosas. No es posible separar o desglosar esa identidad con las leyes. Por eso digo que no hay que perder de vista que, que cuando hablamos de religión y política, debemos enfocar el asunto como una cuestión identitaria. Así que no se trata de impedir que la religión se meta en la política (eso será imposible), sino de que la religión en la política no sea destructiva, sino favorable a la convivencia entre los distintos. Pienso que eso se logrará mejor dando espacio al debate entre personas religiosas y exponiendo públicamente la pluralidad de la religión. Por eso, candidatos evangélicos como Guillermo Flores, que articula un cristianismo democrático me parecen sumamente necesarios.

Finalmente, la apertura a discursos religiosos en las elecciones no es algo prohibido en otros países (Estados Unidos, España, Colombia), pero los límites deben estar claros. Uno de ellos es regular los discursos de odio durante las elecciones. Muchas iglesias y sus miembros creen en la subordinación de la mujer y que la homosexualidad es un pecado en base a la literalidad de la Biblia. Este discurso se ampara en su libertad religiosa, pero cuando sale de la esfera eclesial para hacerse un discurso público puede afectar derechos al reforzar estereotipos hacia mujeres y hacia personas LGTBI. Es típico de los discursos fundamentalistas proyectar sus interpretaciones de la Biblia (que consideran verdaderas) sobre quienes no creen en ella. Esta incapacidad de ser sensibles a la pluralidad de moralidades en una democracia es lo que la ley debe controlar. La prohibición de discursos de odio es, por tanto, necesaria en cualquier regulación que pretenda abrir el discurso religioso en época electoral, pero no es el único límite. La puerta que Muñante y Renovación Popular pretenden abrir puede ser una caja de pandora para nuestra débil y frágil democracia.